Bogotá, 22 de febrero de 2022. El director de la UNGRD y gerente encargado del Fondo Adaptación, Javier Pava Sánchez, aseguró que la inundación que afecta al menos 37.000 familias (2021- 2023) de la subregión de La Mojana obedece a la inversión equivocada de millonarios recursos que durante los últimos 10 años se han ejecutado en este territorio, basadas en obras de ingeniería como el jarillón Nechí- Majagual, sin que hasta la fecha se haya logrado una solución definitiva a las comunidades asentadas en este territorio.
El director de la UNGRD recordó que la Contraloría General de la República investiga la inversión de $3,4 billones que se han invertido en La Mojana en los últimos años en la región sin resultado alguno.
El gobernador de Sucre y los lideres del denominado “Pacto por La Mojana” insisten en el cierre de ‘Caregato’, con el apoyo de grandes empresarios para mantener el mismo tipo de soluciones y de confinamiento del río Cauca, que siempre han fallado condenando de esta manera a las familias a inundaciones recurrentes como ha sucedido en 1989, 1998, 2005, 2010-2011 y 2021-2023.
Pava Sánchez aseguró que, adicional al cierre de ‘Caregato’, persisten en la ejecución el Conpes 4076 de 2022 expedido al final del gobierno de Duque, que declaró de importancia estratégica regional de construcción de obras en La Mojana por $1,8 billones con vigencias futuras que incluían 33 derivaciones del río Cauca, realce del jarillón Nechí – Achí y la construcción de diques perimetrales alrededor de 9 municipios de La Mojana, obras que no estaban diseñadas al nivel requerido para su construcción.
Al llegar al Gobierno se encontraban en ejecución una estructura para el cierre de ‘Caregato’, por un valor de $40.000 millones, la cual fue fallida y arrastrada por el río Cauca, en el que hoy el gobernador y sus aliados insisten en la construcción de muros con sacos en el mismo sitio, aprovechando la angustia de la comunidad.
De manera decidida en este Gobierno del Cambio, están puestos todos los esfuerzos institucionales de la UNGRD y demás entidades a atender a las familias damnificadas. De esta manera, el Gobierno ha estado entregado más de $36.000 millones de pesos en subvenciones; asimismo, se han instalado 47 ollas comunitarias para atender a 4.700 personas con dos comidas calientes al día; igualmente, se han girado apoyos económicos por $500.000 pesos a la totalidad de las familias afectadas en La Mojana, que asciende a $26.600 millones y se ha entregado 52.800 kits de ayudas humanitaria de emergencia.
Para mitigar la inundación que hoy afecta a las familias de La Mojana se realizó, entre el mes de diciembre y enero pasados, estudios topobatimétricos para identificar los tipos de soluciones y se definió como la mejor alternativa reestablecer las condiciones hidráulicas, ampliando el caudal de La Esperanza y construyendo uno nuevo que permita que el caudal transite principalmente por esta zona y reducir la entrada del caudal en ‘Caregato’.
De esta manera, se espera que terminados estos trabajos el área de inundación se reduzca en un 80 %. Para realizar estas obras se hizo la contratación de máquinas cuyos trabajos no lograron iniciar como estaba programado debido a las presiones ejercidas por quienes conforman el ‘Pacto por La Mojana’.
A partir del día 17 de febrero pasado las dragas y los equipos se trasladaron a la zona denominada Méjico (isla ubicada frente a ‘Caregato’) para realizar los trabajos que permitan finalmente lograr en 20 días el desvío del río Cauca y obtener el objetivo propuesto.
Como medida definitiva, se cambiará la lógica de obras de defensa de inundaciones denominadas jarillones por la apuesta política de este Gobierno que es ordenar el territorio alrededor del agua, que implica para La Mojana, de manera concreta, generar zonas de amortiguación de crecientes mediante inundaciones controladas a través de estructuras de desviación del río Cauca, que anteriormente era el rompedero de Nuevo Mundo, Santa Anita y el actual ‘Caregato’.
Estas obras aseguran el tránsito de los caudales de exceso, conexión de los caños y las ciénagas de Ayapel, pero, sobre todo, se busca que estas zonas de amortiguación permitan reducir las áreas de inundaciones descontroladas que se presentan periódicamente y, en el futuro, lograr reducir los niveles de contaminación de mercurio y arsénico, que son transportados por el río Cauca, proveniente de las zonas mineras de El Bagre.
La propuesta para las familias de La Mojana empieza con el reasentamiento de aquellas ubicadas en zonas de alto riesgo, delimitadas por la UNGRD, y que corresponde a los polígonos o zonas de amortiguamiento de crecientes que suman aproximadamente 20.000 familias a quienes se les cumplirá con lo prometido por el presidente Gustavo Petro, de entrega de tierras incluso en la misma subregión de La Mojana.
“Por ello hacemos un llamado a los pobladores para que ellos y ellas hagan parte de la solución integral que permita recuperar los ecosistemas, la producción agrícola, ganadera, entre otras, de la región. Una de las metas del Gobierno del presidente Petro es sacar de la condición de riesgo a las comunidades afectadas por los desastres y entregarles tierras productivas en la misma región, para no fracturar la dinámica social de las poblaciones, respetando sus saberes ancestrales y construyendo un mejor vivir”, aseguró Pava Sánchez.
El director de la UNGRD, además, precisó: “vamos a recuperar el cauce viejo del río Cauca por el canal de La Esperanza para garantizar que se reduzcan los caudales en el sector de ‘Caregato’. Esa adecuación hidráulica permitirá zonas de amortiguamiento en la planicie de inundación del río Cauca”.
El nuevo ordenamiento del territorio en torno al agua implica generar zonas inundaciones controladas para realizar la restauración hidrológica hacía la ciénaga de Ayapel disminuyendo las afectaciones a las comunidades localizadas en el área de influencia del río Cauca.
De igual manera, Pava Sánchez, recordó que la UNGRD también ha hecho una importante inversión en ‘Caregato’ desde que se presentó la emergencia el 27 de agosto de 2021, que se la llevó el río, según señala la Contraloría. Sin embargo, en el Gobierno del Cambio se tiene como prioridad la atención a la población de manera integral; para ello se ha girado en subvenciones a los agricultores y ganaderos que se vieron afectados por las inundaciones.
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